Nueva protesta por la apertura inminente del "hostal ilegal"

Esta tarde, los vecinos del barrio Parque de las Avenidas volverán a tomar las calles. Han convocado una nueva manifestación para este miércoles 19 de junio a las 20:00 horas, con salida en Avenida de Bruselas 41 (Plaza del Ahorramás) y final en la Plaza de Venecia, 1, frente a la iglesia de San Juan Evangelista. El objetivo: detener la inminente apertura de un hostel en la Avenida de Baviera, 9, que consideran ilegal y peligroso para el barrio.

El establecimiento, promovido por Mohamed Zakaria Ibrahim Abdelsamad, está siendo reformado por la empresa Europa Canal Clase S.L., una sociedad sin empleados y sin actividad en el sector turístico, cuyo objeto social declarado es la importación de joyería. El propio administrador "fue investigado en 2022 en relación con un caso de trata de personas tras una redada policial en un local del barrio de Retiro, donde se encontraron inmigrantes en situación irregular viviendo en condiciones insalubres".

Según han informado los vecinos a este periódico, el hostel estaría siendo tramitado mediante una declaración responsablepara uso turístico, perose sospecha que su uso real sería como centro de acogida de inmigrantes, posiblemente financiado con fondos públicos a través de entidades como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). La entidad ya confirmó haber recibido una oferta del promotor para utilizar el local con ese fin, pese a que no está permitido según la licencia solicitada ni los estatutos de la comunidad de propietarios.

Los vecinos consideran esta situación un fraude de ley, ya que el uso previsto no se ajusta al declarado en la documentación urbanística, lo que vulneraría la Ley de Turismo de la Comunidad de Madrid, la Ley de Propiedad Horizontal y diversas normativas municipales. Además, alertan de que un posible cambio de uso encubierto de hostel turístico a centro de acogida asistencial no solo sería ilegal, sino que pondría en riesgo a los alojados y al vecindario.

Deficiencias de seguridad y riesgos estructurales

Más allá de las cuestiones administrativas, el local presenta graves deficiencias de seguridad, entre ellas salidas de emergencia bloqueadas o enrejadas, ventanas inoperativas y la inexistencia de un adecuado plan de evacuación. Los vecinos aseguran que el espacio resultaría una “trampa mortal en caso de incendio”, y advierten de la posible falta de cobertura del seguro de responsabilidad civil, ya que estaría contratado para una actividad distinta de la realmente desarrollada.

En este sentido, recuerdan que la Ley de Turismo obliga a presentar un seguro adecuado a la actividad, y si el local acoge a personas bajo otra figura jurídica, cualquier incidente podría dejar a las víctimas sin protección y a la administración como corresponsable por omisión.

Inacción institucional y protestas ciudadanas

A pesar de las numerosas denuncias presentadas ante el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Antifraude del Ministerio de Hacienda y el Tribunal de Cuentas, hasta la fecha no se ha revocado la tramitación ni bloqueado la apertura. Los vecinos denuncian la pasividad institucional, el silencio administrativo y el miedo político a intervenir.

En las últimas semanas, se han detectado movimientos preocupantes: limpieza nocturna, montaje de muebles y visitas técnicas de la ECU y técnicos del Ayuntamiento. Hace dos semanas, la Policía Nacional intervino tras una llamada vecinal ante la entrada de varias personas al local. Aunque se identificaron como trabajadores, el contexto ha disparado todas las alertas. Los residentes creen que la apertura es inminente, y que solo una acción contundente podrá frenar un proyecto que, según afirman, no solo incumple la normativa, sino que reproduce esquemas de explotación, hacinamiento y precariedad ya denunciados en otras ubicaciones gestionadas por el mismo promotor.

Denuncias a Turismo y posibles consecuencias

Otra comunidad de propietarios ha interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Turismo de la CAM, solicitando que se revise la validez de cualquier declaración responsable. Alegan que no puede iniciarse la actividad sin pasar este filtro autonómico, y que existen elementos suficientes para rechazar la tramitación por tratarse de una operación en fraude de ley. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, aseguran a LA RAZÓN que se han realizado acciones inspectoras de oficio, pero no hay obligatoriedad de presentar una declaración responsable hasta que comience a operar.

Por su parte, los vecinos insisten en que se ha advertido a la administración autonómica de que cualquier omisión en el control técnico o legal podría conllevar responsabilidad patrimonial e incluso penal, en caso de siniestros o uso indebido del local.

Una manifestación para frenar el proyecto

La manifestación de hoy busca visibilizar el descontento vecinal, exigir transparencia y hacer presión pública para que se paralice el proyecto antes de que se consume. Los vecinos insisten en que no se oponen a la ayuda humanitaria, pero exigen que se realice con garantías jurídicas y sin poner en riesgo al entorno.

“El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Si este hostel abre, y pasa algo, sabrán que fueron advertidos”, afirma uno de sus portavoces. Temen que el caso esté ya condicionado políticamente, y que se esté utilizando la situación para confrontar entre administraciones o con entidades como CEAR, que recibe importantes fondos públicos y mantiene vínculos con responsables institucionales del pasado. La comunidad, cada vez más movilizada, insiste: “No vamos a parar. Esto no es una lucha contra la acogida, es una lucha contra el uso ilegal de los recursos, el fraude y el abandono institucional”.